Las jornadas sobre maltrato sexual a menores recalcan la prevención y la violencia no física

/ Formación, Ralons Fundación

28/10/2016

La prevención y la violencia no física han sido los conceptos más destacados de las II Jornadas de Criminología que, organizadas por Ralons Fundación y la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, han abordado en Las Palmas de Gran Canaria la situación de los niños, niñas y adolescentes como víctimas del maltrato, abuso y secuestro. El director general de Infancia y Familia del Gobierno canario, Mauricio Roque, aprovechó la inauguración para informar de que “estamos detectando un aumento de la agresividad y la violencia en el ámbito de las familias con un nuevo perfil de menores y más casos entre quienes tienen algún tipo de discapacidad”.

Los primeros ponentes del simposio remarcaron, en la vertiente preventiva, que es clave educar a los menores para que sepan cómo reaccionar a episodios de violencia, no sólo física, o abusos porque está acreditado que las víctimas no saben cómo actuar. Tomás Aller, coordinador general de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil, y Raquel Raposo, psicóloga forense subrayaron que educar no es prohibir, sino informar, dialogar y compartir vivencias en un clima de confianza recíproca. Educar “en el uso responsable de Internet y redes sociales es básico”, sentenció.

Aller, que informó de que “una de cada cinco personas menores de edad ha sido, es o será víctima de algún tipo de violencia sexual”, se mostró partidario de “construir acciones orientadas al buen trato en la infancia como método preventivo”, dado que hasta ahora la estrategia se ha centrado en el estudio y corrección del maltrato y la explotación de menores, en suma, del problema y no de la solución. Llamó también la atención sobre la globalización de prácticas de turismo sexual con niños y adolescentes que “no se limita a lugares como Cancún o Tailandia, pues España se ha convertido en un destino importante”.

El coordinador en España de la Campaña del Consejo de Europa para la Prevención de la Violencia Sexual contra la Infancia expuso que “la mayoría de las modalidades de violencia no son físicas ni sexuales, sino que no se ven y se producen por negligencia de las familias o los educadores”. Se refería a la humillación, el chantaje emocional, el exceso de exigencia, la sobreprotección o la negación de la orientación sexual. Abundó en que “violencia sexual no significa exclusivamente abuso; por ejemplo, hay una sexualización de la infancia en publicaciones convencionales o el uso de imágenes pornográficas”.

Raquel Raposo, psicóloga forense experta en la materia, recomendó a los padres que, ante todo, “sean expertos en sus hijos”, esto es, “distinguir cuando una conducta puede ser un caso de violencia sexual o no. Un mal control del uso de dispositivos por los niños puede despertar sospechas de conducta sexual violenta y, a lo mejor, se trata de un comportamiento individual de adicción a la pornografía. En la mayoría de los abusos”, subrayó, “no hay violencia, sino peticiones de amistad, afecto-dependencia, obtención de datos y datos o conocimiento de hábitos”. Como factores de análisis, apuntó la edad de los intervinientes, el consentimiento, la frecuencia, la existencia o no de contacto físico (puede haber sólo exhibicionismo) y la consciencia o no de la víctima.

En la segunda jornada intervinieron Antonio Cela, policía nacional y fundador de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, y Antonio Lossada, jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta. El primero aportó que unas 10.000 personas desaparecen cada año en España sin causa aparente, con el matiz de que pueden ser voluntarias o involuntarias. “En cualquier caso”, enfatizó, “las personas vinculadas a los desaparecidos sí que siempre son víctimas, primarias porque sufren la pérdida, secundarias porque a veces hay una mala praxis en el proceso de investigación y terciarias por los reproches del entorno por lo sucedido y por denunciar o no”.

Antonio de Lossada desterró la versión extendida de que una desaparición no se investiga hasta pasadas 24 o 48 horas: “Ante una denuncia, la actuación siempre es inmediata en cuanto a gestiones de localización mientras se discierne si es voluntaria o no, para lo cual se analizan indicadores de riesgo como los antecedentes de ausencias y la planificación del comportamiento”.

Desde el punto de vista estadístico, indicó que en 2015 se registraron 16.239 denuncias por desapariciones de menores, de las que a febrero del año en curso sólo quedaban activas 726 y, de éstas, 11 de alto riesgo.